El 15 de octubre de 2026, la administración del expresidente Donald Trump presentó una demanda federal contra el estado de California alegando que en sus listas de votantes están registrados ciudadanos no estadounidenses. La acción legal, interpuesta por la Oficina de Asuntos Legales del Departamento de Justicia, sostiene que la presencia de votantes no elegibles vulnera la integridad del proceso electoral.
El caso llega en un momento crítico, a pocas semanas de las elecciones intermedias de noviembre, y se inscribe dentro de una serie de litigios iniciados tras las acusaciones sin fundamento de fraude electoral que proliferaron tras las elecciones presidenciales de 2024. Los defensores de la demanda argumentan que la depuración de los registros es necesaria para evitar la manipulación del voto, mientras que los representantes californianos califican la medida de “intento de intimidar a los votantes” y de socavar la participación ciudadana.
Los tribunales federales aún no se han pronunciado sobre la procedencia de la demanda, pero la controversia ha encendido el debate nacional sobre la soberanía de los estados en la gestión de sus listas electorales y la influencia del gobierno federal en asuntos que tradicionalmente se consideran de competencia estatal.
Si la demanda prospera, podría sentar un precedente legal que obligue a otros estados a revisar sus bases de datos de votantes, lo que tendría implicaciones significativas para la participación electoral y la percepción de legitimidad de los procesos democráticos en EE.UU.
