El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, declaró el 3 de noviembre de 2026 que Venezuela debe liberar a los presos políticos que aún permanecen encarcelados, en una rueda de prensa celebrada en Washington. La petición se enmarca en la agenda de EE.UU. de promover elecciones libres, justas y creíbles en el país sudamericano.
Blinken subrayó que la liberación de los detenidos es un paso esencial para que la comunidad internacional reconozca cualquier proceso electoral futuro como legítimo. Además, recordó los compromisos asumidos por el gobierno de Nicolás Maduro en conversaciones previas sobre derechos humanos y apertura política.
El gobierno venezolano, a través del ministro de Relaciones Exteriores, rechazó la intervención estadounidense, calificándola de injerencia en los asuntos internos. Maduro reiteró que la soberanía nacional no será vulnerada y que los presos siguen bajo la normativa legal vigente.
La declaración de EE.UU. podría traducirse en nuevas sanciones o en la intensificación de la presión diplomática, lo que tendría repercusiones en la economía venezolana y en sus relaciones con otros actores regionales, como la Unión Caribeña y la OEA.
