El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció el 7 de noviembre de 2026 la imposición de sanciones contra ocho empresas canadienses de cambio de divisas, acusándolas de haber transferido fondos a entidades iraníes bajo sanciones y de haber manejado recursos vinculados al narcotráfico. La medida se enmarca dentro de la estrategia estadounidense de presión económica sobre Irán, que busca limitar su capacidad de financiar actividades desestabilizadoras.
Según el comunicado del Tesoro, las ocho firmas facilitaron transacciones que permitieron a organizaciones iraníes eludir las restricciones financieras internacionales, utilizando el sistema financiero canadiense como vía de paso. Además, se alega que parte de los fondos estaban vinculados a redes de tráfico de drogas que operan en América del Norte y el Caribe.
El gobierno canadiense ha declarado que investigará las acusaciones y cooperará con las autoridades estadounidenses, aunque también ha subrayado la importancia de proteger la integridad del sector financiero nacional. La medida podría generar un escrutinio más riguroso de las casas de cambio y de los procesos de cumplimiento (KYC) en Canadá.
En el plano internacional, estas sanciones refuerzan la política de “presión máxima” de la administración estadounidense contra Irán, mientras que Canadá se encuentra en una posición delicada al equilibrar sus relaciones con EE.UU. y su propio marco regulatorio. La comunidad empresarial canadiense teme que la medida pueda desencadenar una ola de inspecciones y limitar la fluidez de las transacciones de divisas.
El impacto inmediato se traduce en la congelación de activos de las ocho empresas sancionadas y la prohibición de cualquier transacción con entidades estadounidenses. A largo plazo, la medida podría servir como precedente para futuras acciones contra terceros países que faciliten el financiamiento de Irán.
