El 19 de octubre de 2026 la fiscalía del estado de Florida presentó una orden de arresto contra Raúl Castro, ex presidente y actual líder del Partido Comunista de Cuba, acusándolo de conspiración para cometer homicidio tras el derribo de dos avionetas que volaban sobre territorio estadounidense. La acusación se basa en la supuesta autorización de un operativo cubano que, según la fiscalía, buscaba impedir la infiltración de dispositivos de vigilancia.
El caso se produce apenas meses después de una acusación federal presentada en mayo, que ya había puesto bajo la lupa la relación entre la isla y Washington. La nueva orden de arresto, sin embargo, es la primera que se emite a nivel estatal, lo que abre la posibilidad de una extradición directa a través de los tribunales de Florida.
El gobierno cubano ha calificado la medida de "intervención política" y ha prometido responder a través de los canales diplomáticos, mientras que la administración de Florida ha defendido la acción como una defensa de la soberanía y la seguridad nacional. Expertos en derecho internacional advierten que el caso podría sentar un precedente para que otros estados de EE. UU. persigan a funcionarios extranjeros bajo cargos criminales.
En el plano geopolítico, la orden de arresto podría complicar aún más las negociaciones en curso sobre la normalización de relaciones y el levantamiento parcial del embargo económico, incrementando la presión sobre el régimen cubano en un momento de creciente aislamiento internacional.
