El 8 de octubre de 2026 el Parlamento italiano aprobó una reforma electoral que altera sustancialmente el sistema de representación proporcional vigente. La norma establece que la coalición que alcance al menos el 42 % de los votos obtendrá una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados mediante la asignación de escaños de bonificación.
El proyecto, promovido por la coalición liderada por la primera ministra Giorgia Meloni, busca evitar la fragmentación parlamentaria y garantizar gobiernos más estables. Sin embargo, la oposición y varios analistas políticos advierten que la medida podría distorsionar la voluntad popular, favoreciendo a la mayoría gobernante en detrimento de la representación de minorías.
La reforma también incluye la posibilidad de convocar elecciones anticipadas, ya que la mayoría garantizada permitiría al ejecutivo disolver el parlamento con mayor facilidad. Los críticos la califican de “undemocrática” y temen que consolide el poder de la coalición de derecha, reduciendo la capacidad de los partidos opositores para influir en la agenda legislativa.
A nivel internacional, la medida ha sido observada por la Unión Europea y organizaciones de derechos democráticos, que instan a Italia a preservar los principios de proporcionalidad y pluralismo. La discusión sobre la reforma electoral se inscribe en un contexto más amplio de tensiones políticas en Europa, donde varios países revisan sus sistemas de voto para enfrentar la polarización y la fragmentación parlamentaria.
