Varios grupos de la sociedad civil armenia han denunciado que el gobierno de Yerevan está aplicando la persecución judicial de manera selectiva, persiguiendo a opositores políticos mientras protege a aliados del poder. Estas prácticas, según los analistas, contravienen los principios de Estado de derecho que la Unión Europea exige para profundizar sus relaciones con Armenia.
El portavoz del Parlamento Europeo, Josep Borrell, ha señalado que la UE observa con preocupación la situación y que cualquier retroceso en los derechos humanos y la independencia judicial podría afectar la agenda de cooperación. Armenia, que busca acercarse a la UE mediante un Acuerdo de Asociación, depende de la confianza europea para avanzar en reformas estructurales y recibir apoyo financiero.
Organizaciones locales, como la Fundación de Derechos Humanos de Armenia, han presentado informes detallados que documentan casos de arrestos arbitrarios y juicios sin garantías procesales. Estas denuncias coinciden con la reciente decisión de Bruselas de posponer la evaluación de ciertos capítulos del Acuerdo de Asociación hasta que se demuestren avances concretos en la reforma judicial.
El gobierno armenio, por su parte, ha defendido sus acciones como parte de una lucha contra la corrupción y el crimen organizado, argumentando que la persecución está dirigida a individuos que representan una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, la falta de transparencia y la ausencia de un proceso judicial independiente siguen alimentando la desconfianza internacional.
