El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció una reducción significativa del presupuesto destinado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. La medida, presentada como parte de un programa de austeridad fiscal, implica un recorte del 30% en los recursos asignados para 2027.
La JEP, creada en 2016 como pieza clave del Acuerdo de Paz con las FARC, ha sido fundamental para la búsqueda de verdad, justicia y reparación a millones de víctimas. El recorte presupuestario amenaza la continuidad de procesos judiciales en curso, la protección de testigos y la capacidad de la Corte para emitir sentencias vinculantes.
Organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han condenado la decisión, argumentando que debilita los mecanismos de rendición de cuentas y vulnera los compromisos de Colombia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno, por su parte, sostiene que la medida es necesaria para equilibrar las finanzas públicas y que se buscarán fuentes alternativas de financiamiento para la JEP.
El debate se inserta en un contexto de creciente polarización política en Colombia, donde sectores de la oposición acusan al gobierno de intentar desmantelar los logros del proceso de paz, mientras que el Ejecutivo defiende la necesidad de ajustes estructurales para garantizar la sostenibilidad fiscal del país.
