El parlamento de las Comoras aprobó el 6 de octubre de 2026 una ley que prohíbe a los ciudadanos extranjeros operar en determinados sectores de pequeña escala, como el comercio ambulante, la venta minorista y algunos servicios de hostelería. La normativa, impulsada por el presidente Azali Assoumani, busca preservar empleos para la población local frente a la creciente presencia de empresarios foráneos.
Según la legislación, los extranjeros podrán mantener actividades ya establecidas antes de la promulgación, pero no podrán iniciar nuevos negocios en los sectores señalados. La medida ha sido criticada por la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, que la califican como discriminatoria y potencialmente contraria a los acuerdos de libre comercio.
El sector turístico, que representa una parte importante del PIB de las islas, podría verse afectado si los operadores extranjeros son obligados a cerrar o a transferir sus actividades a socios locales. Por otro lado, los sindicatos locales celebran la iniciativa como una defensa de los trabajadores comorenses, que a menudo compiten con precios más bajos ofrecidos por los comerciantes extranjeros.
El gobierno ha anunciado que revisará la aplicación de la ley en los próximos meses y que buscará acuerdos bilaterales para mitigar posibles repercusiones en la inversión extranjera directa, especialmente de Francia y los Emiratos Árabes Unidos, principales socios comerciales de las islas.
