El 5 de noviembre de 2026, el Congreso de Paraguay aprobó la intervención del Ueno Bank, una entidad que controla cerca del 15 % del crédito interno, tras la revelación de irregularidades contables y presuntos lavados de dinero. La medida desencadenó la renuncia inmediata del presidente Santiago Peña, quien anunció su salida en una conferencia de prensa, citando “la necesidad de preservar la estabilidad institucional”. La oposición, liderada por el Partido Liberal, presentó al día siguiente una moción de juicio político contra Peña, argumentando que su gestión permitió la acumulación de riesgos financieros que culminaron en la crisis bancaria.
El colapso de Ueno Bank ha generado una fuerte caída del peso paraguayo y una fuga de capitales que amenaza la solvencia de otras instituciones financieras. El Fondo Monetario Internacional ha solicitado al gobierno de transición que implemente un plan de estabilización que incluya garantías de depósitos y una revisión exhaustiva del marco regulatorio bancario. Mientras tanto, los sindicatos y organizaciones civiles organizan protestas en Asunción exigiendo transparencia y la destitución de los responsables.
En el plano político, la renuncia de Peña abre una ventana para nuevas alianzas. El Congreso deberá elegir a un presidente interino que lidere las negociaciones con el FMI y con los socios comerciales de la región. La incertidumbre ha llevado a varios inversionistas extranjeros a reconsiderar proyectos en sectores como la agroindustria y la energía, lo que podría afectar el crecimiento económico proyectado para 2027.
El episodio pone de relieve la fragilidad del sistema financiero paraguayo y la necesidad de reformas estructurales para evitar futuros colapsos. La comunidad internacional observa de cerca la evolución del juicio político y la capacidad del nuevo liderazgo para restaurar la confianza en la economía del país.
