El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. anunció que, a partir del miércoles, iniciará la deportación de varios internos gravemente enfermos a países africanos con los que no mantienen vínculos familiares ni legales. Los vuelos, organizados desde el aeropuerto de Miami, incluyen a detenidos que padecen enfermedades crónicas y que, según los defensores, no recibirán la atención médica adecuada durante el traslado.
Organizaciones de derechos humanos, como la ACLU y Amnistía Internacional, han calificado la medida de “inhumana” y han solicitado una orden judicial que impida los traslados. En declaraciones, los abogados de los internos argumentan que la política viola la Convención de los Derechos del Niño y los principios de no devolución (non‑refoulement) establecidos por la ONU.
El Departamento de Seguridad Nacional defendió la decisión, alegando que los internos representan un riesgo para la salud pública y que los países de destino han aceptado recibir a los deportados bajo acuerdos bilaterales. Sin embargo, los detalles sobre los destinos exactos y las condiciones de acogida siguen siendo opacos.
La controversia se produce en medio de una crisis migratoria en la frontera sur de EE.UU., donde el número de llegadas ha aumentado un 35 % en los últimos seis meses. La presión política para reducir la población carcelaria de ICE ha llevado a medidas cada vez más drásticas, generando un debate sobre la compatibilidad de estas políticas con los estándares internacionales de derechos humanos.
