El expresidente Donald Trump, a través de su equipo legal, presentó una demanda federal contra la Casa Blanca alegando que la reciente imposición de aranceles a productos canadienses excede la autoridad conferida al presidente por la Ley de Tarifas de 1930. La demanda sostiene que la medida vulnera normas de libre comercio y afecta a sectores clave de la economía norteamericana, como la automotriz y la agroindustrial.
El caso se ha interpuesto en el Distrito de Columbia y se espera que el tribunal emita una decisión preliminar en los próximos meses. Mientras tanto, el gobierno canadiense ha expresado su disposición a dialogar, pero advierte que la medida podría desencadenar represalias comerciales si no se revierte.
Analistas de comercio internacional señalan que, de confirmarse la vulneración, el proceso judicial podría retrasar la implementación de los aranceles y obligar a Washington a renegociar los términos con Ottawa. Además, la demanda refuerza la tendencia de utilizar la justicia como herramienta política en la era post‑Trump.
En el plano interno, la acción refuerza la narrativa de que la administración actual está vulnerando los límites constitucionales, lo que podría influir en la percepción pública de la gestión del presidente en materia económica.
