Un importante importador de alimentos con sede en los Estados Unidos ha interpuesto una demanda contra el presidente Donald Trump, alegando que la imposición de aranceles del 50 % a productos canadienses vulnera la Constitución al eludir la autorización del Congreso. La medida, anunciada en junio de 2026, se basó en la Ley de Tarifas de la Gran Depresión de 1930, que el ejecutivo utilizó para justificar la sanción.
El demandante sostiene que la aplicación de dichos aranceles carece de fundamento legal, ya que la normativa original estaba destinada a proteger la industria nacional durante la crisis económica de los años treinta y no contempla la imposición de tarifas a socios comerciales modernos. Además, la empresa argumenta que la medida ha encarecido significativamente los productos alimenticios importados, repercutiendo en los precios al consumidor.
El caso se ha convertido en un punto de referencia para la discusión sobre los límites del poder ejecutivo en materia comercial. Si el tribunal falla a favor del demandante, el gobierno de Trump podría verse obligado a retirar los aranceles y a renegociar los términos del comercio con Canadá, lo que tendría implicaciones para la cadena de suministro de alimentos y la estabilidad de los precios en el mercado norteamericano.
Mientras tanto, el gobierno ha defendido la medida como una respuesta necesaria a lo que califica de prácticas desleales por parte de Canadá, aunque no ha ofrecido detalles específicos sobre los supuestos abusos. La disputa se sitúa en el marco de una escalada de tensiones comerciales entre EE.UU. y sus socios norteamericanos, que ya incluye disputas sobre acero y productos agrícolas.
