El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 9 de octubre de 2026 una serie de sanciones dirigidas directamente al Tribunal Penal Internacional (CPI). La medida, impulsada por la administración Trump, pretende "desmantelar" la capacidad financiera y logística de la Corte, prohibiendo transacciones con entidades vinculadas al organismo y congelando activos de funcionarios y empleados.
Según el comunicado oficial, la sanción se justifica en la supuesta interferencia del ICC en asuntos internos de Estados Unidos y en la falta de cooperación con investigaciones americanas. La medida incluye la prohibición de visas a personal del tribunal y la restricción de acceso a sistemas financieros estadounidenses, lo que podría paralizar procesos en curso contra presuntos crímenes de guerra en África y Oriente Medio.
La decisión ha sido condenada por la ONU, la Unión Europea y varios gobiernos aliados, que la califican como un "ataque a la justicia internacional". Expertos advierten que la medida podría desencadenar una fragmentación del sistema de justicia penal global, dificultando la captura de individuos buscados por la CPI y erosionando la credibilidad del derecho internacional.
En respuesta, la Fiscalía del ICC ha anunciado que continuará sus investigaciones y buscará alternativas de financiación a través de donaciones de estados miembros no alineados con la política estadounidense. La controversia se inserta en un contexto de creciente confrontación entre Washington y organismos multilaterales, que incluye debates sobre la soberanía nacional versus la jurisdicción supranacional.
