El vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Vance, anunció el pasado 7 de octubre una serie de demandas que, según la administración, son esenciales para garantizar que el acuerdo nuclear con Irán no vuelva a ser una amenaza para la seguridad regional. Entre las exigencias se incluye la reducción del nivel máximo de enriquecimiento de uranio a 3,67 %, la prohibición de instalar nuevas centrifugadoras y la entrega de un inventario completo de material nuclear bajo supervisión de la OIEA.
Irán respondió con cautela, calificando las propuestas de "excesivamente restrictivas" y advirtiendo que cualquier imposición que no sea negociada de buena fe podría llevar a la reanudación de su programa nuclear. En los últimos meses, Teherán ha incrementado su producción de uranio enriquecido, lo que ha encendido alarmas en Washington y en sus aliados de la OTAN.
Los países europeos, particularmente Francia, Alemania y el Reino Unido, han manifestado su disposición a mediar, pero insisten en que el acuerdo debe ser equilibrado y no ponga en riesgo los compromisos económicos que ya se están negociando. La Unión Europea teme que una postura demasiado dura de EE. UU. pueda desestabilizar la ya frágil arquitectura de seguridad en Oriente Medio.
El anuncio de Vance se produce en un contexto de creciente actividad militar en la región, con incidentes recientes en el estrecho de Ormuz y la continuación de la guerra en Yemen. La comunidad internacional observa con atención cómo estas nuevas demandas influirán en la dinámica de las negociaciones y en la estabilidad del mercado energético global.
