El 13 de octubre de 2026, los rebeldes hutíes lanzaron una serie de ataques con cohetes y drones contra posiciones de la coalición saudí en la provincia de Marib, provocando la muerte de al menos veinte soldados saudíes y la destrucción de infraestructura crítica. Al mismo tiempo, la fuerza aérea de la coalición respondió con bombardeos aéreos sobre instalaciones controladas por los hutíes en el norte del país, generando un nuevo ciclo de represalias.
Este repunte de violencia se produce en un contexto de estancamiento político: las conversaciones de paz patrocinadas por la ONU no han logrado avances significativos desde 2022, y la fragmentación interna entre facciones locales dificulta la formación de un gobierno de unidad nacional. La presión sobre los recursos energéticos, especialmente el petróleo del Golfo Pérsico, ha motivado a Arabia Saudí a reforzar su presencia militar, mientras que Irán continúa suministrando armas a los hutíes, lo que alimenta la percepción de una posible confrontación regional.
Los analistas advierten que, si no se logra un alto el fuego, el conflicto podría arrastrar a Yemen a una guerra más amplia que involucrara a los Estados del Golfo y, potencialmente, a potencias externas interesadas en la seguridad del estrecho de Ormuz. La población civil, ya de por sí vulnerable por años de bloqueo y escasez, enfrenta una nueva ola de desplazamientos internos y una mayor escasez de alimentos y medicinas.
Ante este escenario, la comunidad internacional ha intensificado sus llamados a la mediación y ha anunciado la puesta en marcha de una nueva ronda de ayuda humanitaria, aunque la entrega de ayuda sigue siendo obstaculizada por la inseguridad en las rutas de suministro. La evolución de los combates en los próximos días será decisiva para determinar si el conflicto se mantiene confinado o se convierte en una crisis regional de mayor escala.
