Tras la ofensiva militar que obligó al Frente Popular de Liberación de Tigray (TPLF) a retroceder, el gobierno de Etiopía anunció la instalación de una autoridad interina en la región de Tigray. El anuncio, realizado por el Primer Ministro Abiy Ahmed, incluye la designación de un consejo de transición compuesto por representantes locales y federales, con el objetivo de organizar elecciones libres dentro de los próximos seis meses.
La decisión llega en un momento crítico para la estabilidad del país, que lleva más de dos años sumido en un conflicto que ha desplazado a cientos de miles de personas y ha provocado una grave crisis humanitaria. El nuevo gobierno interino tendrá la tarea de restaurar los servicios básicos, garantizar la seguridad y facilitar el retorno de los desplazados internos.
Abiy Ahmed subrayó que la medida forma parte de un proceso de reconciliación nacional y que el gobierno está comprometido con la rendición de cuentas y la investigación de presuntos crímenes de guerra. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos siguen advirtiendo sobre posibles violaciones y la necesidad de una supervisión internacional.
La comunidad internacional, encabezada por la Unión Africana y la ONU, ha recibido el anuncio con cautela, solicitando garantías de inclusión política y respeto a los derechos humanos antes de reconocer la legitimidad del nuevo ente administrativo. La evolución de la situación en Tigray será determinante para la percepción global de la capacidad de Etiopía para gestionar su conflicto interno.
