Los fiscales de la República de Corea presentaron el 29 de octubre de 2026 una petición formal para que el ex presidente Yoon Suk-yeol sea sentenciado a muerte por su presunta responsabilidad en la aplicación de la ley marcial durante el intento de insurrección de 2024. La petición se produce mientras Yoon mantiene una condena de cadena perpetua por traición y conspiración contra el Estado. La medida, sin precedentes en la historia reciente del país, ha sido respaldada por un sector del poder judicial que considera que la gravedad del delito justifica la pena máxima. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y varios gobiernos occidentales han advertido que la ejecución vulneraría compromisos internacionales contra la pena capital.
El caso se enmarca en una profunda polarización política surcoreana, donde los seguidores de Yoon lo describen como víctima de una persecución política, mientras sus opositores lo acusan de haber socavado la democracia al intentar imponer la ley marcial sin respaldo constitucional. La solicitud de muerte también ha reavivado el debate interno sobre la abolición de la pena capital, que fue suspendida de facto en 1997 y nunca ha sido aplicada desde entonces.
A nivel internacional, la petición ha sido condenada por la Unión Europea y Amnistía Internacional, que exigen que Corea del Sur respete los estándares de derechos humanos. El gobierno surcoreano, por su parte, ha señalado que el proceso judicial seguirá su curso sin interferencias externas. La decisión final dependerá del Tribunal Supremo, que deberá pronunciarse antes de que finalice el año.
En caso de que la sentencia sea aprobada, Yoon se convertiría en el primer ex presidente del país en enfrentar la pena de muerte, lo que podría desencadenar protestas masivas y afectar la imagen de Corea del Sur como una democracia consolidada en Asia Oriental.
