En una entrevista exclusiva, la periodista investigadora Sofia Alvarez Jurado, integrante del proyecto Deportation, describió el funcionamiento interno del sistema de deportaciones implementado durante la administración Trump, señalando graves vulneraciones de derechos humanos. El proyecto, apoyado por la organización Forbidden Stories, documentó más de 1,2 millones de deportaciones entre 2017 y 2022, con al menos 15 casos de expulsiones ilegales en países africanos.
Al presentar sus hallazgos en un video difundido por France 24, Alvarez Jurado explicó cómo la falta de supervisión judicial y la colaboración de autoridades locales facilitaron la captura y expulsión de migrantes sin la debida revisión de sus solicitudes de asilo. La investigación también reveló la existencia de redes de contratistas privados que cobraban por cada individuo deportado, incrementando los incentivos para acelerar los procesos.
La revelación ha provocado una respuesta inmediata de organizaciones de derechos humanos, que exigen una investigación independiente del Congreso y la suspensión de los acuerdos bilaterales que permiten la deportación masiva. En Washington, varios senadores anunciaron que presentarán una moción para revisar la legalidad de los procedimientos y garantizar la protección de los solicitantes de asilo.
Mientras tanto, la administración actual ha señalado que revisará las conclusiones del informe, aunque mantiene su postura de “seguridad fronteriza”. El debate sobre la reforma migratoria vuelve a ocupar la agenda política, con la posibilidad de que el caso sirva de precedente para futuros acuerdos internacionales sobre deportaciones.
