El 12 de octubre, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO) publicó un informe que recomendaba a ICE la implementación de cámaras corporales con activación automática al iniciar cualquier contacto con migrantes. Según el documento, la medida buscaría aumentar la transparencia y reducir abusos, alineándose con prácticas adoptadas por otras agencias de seguridad en Estados Unidos.
ICE emitió un comunicado el día siguiente, indicando que la recomendación no contempla las particularidades de sus operaciones, que a menudo se realizan en entornos de alta tensión y con riesgo de confrontación. La agencia sostuvo que la activación automática podría generar grabaciones innecesarias, comprometer la seguridad de los agentes y sobrecargar los sistemas de almacenamiento de datos.
Representantes de organizaciones de derechos humanos aplaudieron la propuesta del GAO, pero también señalaron que la negativa de ICE podría perpetuar la falta de rendición de cuentas. En respuesta, la agencia anunció la creación de un comité interno para evaluar alternativas tecnológicas que garanticen la protección de los derechos de los migrantes sin obstaculizar la labor policial.
El debate se inserta en un contexto más amplio de reformas migratorias en EE. UU., donde la presión pública y legislativa para mejorar la supervisión de las fuerzas de seguridad ha aumentado tras varios incidentes de abuso documentados en los últimos años.
