Malasia comenzó el 29 de septiembre de 2026 a devolver a Myanmar a cientos de solicitantes de asilo rohingya, pese a las advertencias de la ONU y organizaciones de derechos humanos. Según la prensa, alrededor de 1.500 migrantes fueron repatriados en los primeros días y se estima que el total podría alcanzar los 5.000.
Las autoridades malayas argumentan que la medida responde a la necesidad de controlar la migración irregular y a la presión interna para reducir la presencia de refugiados. Sin embargo, Amnistía Internacional y Human Rights Watch alertan que los retornados podrían enfrentar violencia, persecución y la conscripción forzada en el conflicto armado del norte de Myanmar.
La comunidad internacional ha condenado la decisión. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) reiteró que la repatriación debe ser voluntaria, segura y digna, y pidió a Malasia que suspenda la operación hasta que se garantice la protección de los retornados. El gobierno malasio, por su parte, sostuvo que está cumpliendo con sus obligaciones de soberanía y seguridad nacional.
El episodio vuelve a poner en el foco la falta de una solución regional al problema rohingya y la necesidad de mecanismos de reasentamiento que respeten los derechos humanos. Mientras tanto, los grupos de la sociedad civil en Kuala Lumpur organizan protestas y campañas para presionar al gobierno a reconsiderar la política.
