En una entrevista concedida el 24 de septiembre de 2026, el primer ministro holandés, Rob Jetten, afirmó que el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, debería asistir a la Asamblea General de la ONU aunque la Corte Penal Internacional haya emitido una orden de arresto contra él por presuntos crímenes de guerra.
Jetten explicó que la exclusión de un jefe de Estado de un foro multilateral como la ONU sentaría un precedente peligroso, al permitir que decisiones judiciales influyan directamente en la representación diplomática de los países. Según el ministro, la comunidad internacional debe mantener canales de diálogo abiertos, incluso con líderes bajo investigación.
Sin embargo, la postura holandesa ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos que consideran que la presencia de Netanyahu legitimaría a un mandatario acusado de graves violaciones al derecho internacional humanitario. La CPI, por su parte, reiteró que la orden de arresto sigue vigente y que los Estados miembros están obligados a cooperar.
El debate refleja la creciente tensión entre la justicia penal internacional y la política de Estado, un dilema que se ha intensificado desde que la CPI comenzó a perseguir a altos mandatarios en conflictos armados contemporáneos.