El pasado 28 de octubre, un grupo de parlamentarios británicos que formaba parte de una misión de observación fue detenido por la policía israelí en la frontera de Cisjordania y posteriormente se les prohibió el acceso al territorio. La acción provocó una ola de críticas en el Reino Unido, donde varios partidos políticos y organizaciones de derechos humanos han pedido que el gobierno británico extienda sus sanciones más allá de los colonos israelíes y las empresas vinculadas a los asentamientos.
En una carta dirigida al Primer Ministro Rishi Sunak, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes solicitaron la imposición de medidas restrictivas contra instituciones financieras y militares israelíes, argumentando que la política de sanciones limitada no aborda la raíz del conflicto ni la responsabilidad del Estado en la violación de los derechos humanos. Los autores de la carta citan resoluciones de la ONU que condenan la ocupación y la expansión de los asentamientos.
El gobierno británico ha mantenido una postura de sanciones selectivas, enfocándose principalmente en individuos y empresas vinculadas a los asentamientos. Sin embargo, la presión interna está creciendo, y algunos miembros del Parlamento han anunciado que presentarán una moción para ampliar el alcance de las sanciones, incluyendo a entidades estatales que proveen apoyo logístico y militar a los colonos.
Si el Reino Unido decide ampliar su régimen sancionador, podría generar tensiones diplomáticas con Israel y con aliados como Estados Unidos, que tradicionalmente han sido reacios a aplicar sanciones amplias contra Israel. Al mismo tiempo, la medida podría reforzar la posición del Reino Unido como defensor del derecho internacional y de los derechos humanos en el conflicto israelí‑palestino.
