El 11 de octubre de 2026, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, declaró en una rueda de prensa que la transmisión en directo del fusilamiento del terrorista Nidal Hasan, ejecutado en la prisión federal de Terre Haute, no suponía ningún riesgo para la seguridad pública ni fomentaba la violencia.
Mayorkas sostuvo que la decisión de transmitir el proceso fue tomada bajo estrictas normas de seguridad y que los protocolos de vigilancia impidieron cualquier intento de interferencia externa. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y expertos en medios criticaron la medida, argumentando que la difusión de una ejecución podría glorificar la violencia y desensibilizar al público.
La transmisión, que fue emitida por la cadena de televisión estatal y compartida en plataformas digitales, generó un intenso debate en el Congreso sobre la necesidad de regular la difusión de la pena de muerte. Algunos legisladores propusieron una moratoria temporal mientras se evalúan los posibles efectos psicológicos en la audiencia.
Hasta la fecha, no se han reportado incidentes de violencia directa vinculados a la transmisión, pero la polémica ha reavivado la discusión sobre la transparencia del sistema penitenciario y la ética de la exposición mediática de ejecuciones.
