El 30 de septiembre de 2026 el Senado de los Estados Unidos rechazó una resolución que exigía al Departamento de Estado la elaboración de un informe detallado sobre los ciudadanos estadounidenses fallecidos en la Cisjordania ocupada. La propuesta, presentada por varios senadores demócratas, señalaba la "falta de rendición de cuentas" del gobierno israelí y la necesidad de una mayor transparencia.
Los opositores, liderados por la mayoría republicana, argumentaron que la medida podría dañar las relaciones estratégicas con Israel y que el Departamento de Estado ya dispone de canales diplomáticos para abordar estos casos. La votación cerró con 52 votos a favor y 48 en contra, impidiendo que el informe sea elaborado y publicado.
La decisión ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que consideran que la falta de datos oficiales dificulta la evaluación de posibles violaciones del derecho internacional y la protección de los ciudadanos estadounidenses en zonas de conflicto. Asimismo, la comunidad de la diáspora judía en EE.UU. ha expresado su preocupación por la posible erosión del apoyo bipartidista a Israel.
En el plano internacional, la medida había sido observada como un posible punto de inflexión en la política estadounidense hacia el conflicto israelí‑palestino, ya que un informe independiente podría haber impulsado debates en foros como la ONU y la ONU‑ONU. El bloqueo del Senado mantiene el statu quo y deja sin una herramienta de presión adicional a los legisladores que buscan una política más equilibrada.
