Desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, la Franja de Gaza ha sufrido una destrucción masiva de su infraestructura civil. Según los últimos informes, la economía local se ha contraído en más del 70 %, mientras que los sistemas de agua, electricidad y saneamiento operan a niveles críticos, afectando a la mayoría de la población.
El sector educativo ha visto el cierre de más del 80 % de sus escuelas, y los hospitales, ya escasos, enfrentan una escaseña de suministros médicos y energía eléctrica, lo que obliga a priorizar casos de urgencia y deja a miles sin atención. La escasez de combustible y la interrupción de rutas de suministro han agravado la crisis humanitaria, generando una ola de desplazados internos y hambruna latente.
A nivel regional, la devastación de Gaza repercute en la estabilidad del Oriente Medio, alimentando tensiones entre Israel y los grupos palestinos, y complicando los esfuerzos de mediación de la ONU y la Unión Europea. La comunidad internacional ha intensificado los llamamientos a un alto el fuego y a la reanudación de negociaciones, pero la falta de avances concretos mantiene la situación en un punto muerto.
Mientras tanto, organizaciones humanitarias advierten que sin una solución política duradera, la población de Gaza enfrentará una crisis prolongada que podría convertirse en una catástrofe de proporciones mayores, con repercusiones migratorias y de seguridad en la región.
