El 8 de octubre de 2026 el High Court de Londres dictó que los allanamientos realizados en varias residencias del príncipe Andrew fueron ilegales, al haberse concedido una orden de registro basada en información errónea. El juez señaló una "error significativo" en la evaluación de la evidencia presentada por la policía.
El fallo implica que todas las pruebas obtenidas durante los registros podrían ser inadmisibles en futuros procesos judiciales, lo que complica las investigaciones sobre las acusaciones de abuso sexual que persiguen al príncipe desde 2019. La familia real británica ha mantenido una postura defensiva, mientras que el propio Andrew ha reiterado su inocencia.
Organizaciones de derechos civiles han aplaudido la sentencia, considerándola un precedente para la protección de los derechos de privacidad y la necesidad de controles más estrictos sobre las órdenes judiciales. Por su parte, la Metropolitan Police ha anunciado una revisión interna de sus protocolos de solicitud de registros.
El caso reaviva el debate sobre el papel de la monarquía en la vida pública británica y podría influir en la percepción internacional de la institución, en un momento en que el Reino Unido enfrenta otras tensiones diplomáticas y económicas.
