Olfa Hamdi, ciudadana estadounidense‑tunecina, fue sentenciada el 21 de octubre de 2026 a cuatro años de cárcel tras ser declarada culpable de "incitar" al ejército a desobedecer órdenes y de "tramar" contra la seguridad del Estado. La acusación se basa en una serie de publicaciones en redes sociales donde criticaba la política de defensa y llamaba a la movilización popular.
El tribunal tunecino aplicó la Ley de Seguridad del Estado, una normativa frecuentemente utilizada para perseguir a opositores y activistas. La defensa argumentó que los cargos son políticamente motivados y que la sentencia vulnera la libertad de expresión garantizada por la Constitución.
Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, denunciaron la decisión como un retroceso en los avances democráticos alcanzados tras la revolución de 2011. Asimismo, la embajada de Estados Unidos en Túnez emitió un comunicado expresando su preocupación por la detención de una ciudadana estadounidense.
El caso se inscribe en una serie de medidas represivas adoptadas por el gobierno de Najla Bouden, quien ha endurecido la legislación contra la disidencia bajo el pretexto de garantizar la estabilidad nacional. La sentencia a Hamdi podría desencadenar nuevas protestas y una mayor presión diplomática sobre Túnez.
