En una ceremonia celebrada en Trípoli el 28 de octubre de 2026, representantes del Gobierno de Turquía y de dos facciones libias firmaron un acuerdo que delimita una zona marítima compartida en el Mediterráneo oriental. El tratado, respaldado por la facción del Gobierno de Unidad Nacional (GNA) y el Ejército Nacional Libio (LNA), otorga a Estambul derechos de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos en áreas que antes estaban en disputa con Grecia y Chipre.
El acuerdo ha sido recibido con sorpresa en la comunidad internacional, ya que Turquía logró el apoyo de antiguos rivales libios mediante concesiones económicas y garantías de seguridad. La Unión Europea y la ONU han pedido cautela, advirtiendo que el pacto podría violar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Grecia, que mantiene una larga disputa con Turquía sobre la delimitación de sus zonas económicas, ha anunciado la puesta en marcha de ejercicios navales en la zona y ha solicitado la intervención de la OTAN. Egipto, otro actor clave en el Mediterráneo, también ha expresado su preocupación por la posible alteración del equilibrio energético.
Analistas consideran que el acuerdo representa una jugada estratégica de Ankara para consolidar su presencia en el Mediterráneo y asegurar fuentes de energía que reduzcan su dependencia del gas ruso. La situación sigue siendo volátil y se esperan reacciones diplomáticas en los próximos días.
