Mauricio vivió este lunes una oleada de disturbios que las autoridades describen como los peores en décadas. Las protestas estallaron inicialmente por la escasez de agua en varios barrios de Port Louis, desencadenando enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales. La tensión alcanzó su punto máximo cuando una mujer fue alcanzada por disparos de la policía, lo que avivó la ira popular y provocó saqueos y bloqueos de carreteras.
Ante la escalada, el primer ministro Navin Ramgoolam decretó un toque de queda nacional, restringiendo la circulación de personas entre las 22:00 y las 05:00 horas. La medida busca evitar nuevos enfrentamientos y permitir a las fuerzas de seguridad restablecer el orden. Sin embargo, la imposición del toque de queda ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos que denuncian posibles abusos y la falta de una solución estructural al problema del agua.
El sector turístico, motor económico del país, ha sufrido cancelaciones de reservas y la percepción internacional de inseguridad ha aumentado. Los hoteles y operadores de viajes están evaluando la suspensión de actividades mientras se vigila la evolución de la situación. El gobierno ha anunciado la creación de una comisión de emergencia para abordar la crisis hídrica y evitar que la escasez vuelva a desencadenar protestas.
Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos, con la ONU y la Unión Africana llamando a una solución pacífica y al respeto de los derechos civiles. La respuesta del gobierno mauriciano en los próximos días será determinante para contener la violencia y restaurar la confianza tanto de los ciudadanos como de los inversores extranjeros.
