El 2 de noviembre de 2026, el gobierno israelí anunció la extensión de la prohibición que impide la transmisión del canal Al Jazeera dentro de su territorio. La medida, que inicialmente había sido impuesta en 2023, se justificó por supuestas violaciones a la normativa de seguridad nacional, aunque los críticos la describen como una represalia por la cobertura crítica del conflicto palestino‑israelí.
Al Jazeera respondió calificando la acción como un "asalto" a la libertad de prensa y advirtió que esta práctica podría convertirse en un patrón peligroso que socava la capacidad de los medios para informar de manera independiente. La red internacional de noticias subrayó que la prohibición afecta no solo a la audiencia israelí, sino también a la comunidad global que depende de sus reportes para comprender la dinámica del conflicto.
Organizaciones de derechos humanos, como Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas, han condenado la medida y han pedido a Israel que revierta la prohibición. En el ámbito diplomático, varios países europeos y Estados Unidos han expresado su preocupación, señalando que la restricción podría tensar aún más las relaciones bilaterales con Israel.
La extensión de la prohibición se produce en un contexto de creciente presión sobre los medios que cubren la situación en Gaza y los asentamientos en Cisjordania. Analistas advierten que la medida podría limitar la pluralidad informativa y dificultar la labor de los periodistas que buscan ofrecer una visión equilibrada del conflicto.
