El alcalde de Houston, Sylvia Garcia, firmó ayer una orden ejecutiva que prohíbe a la policía local remitir a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) a personas detenidas por infracciones de tráfico menores, como estacionamiento indebido o exceso de velocidad.
Según la orden, los agentes deben concentrarse en delitos graves y no pueden iniciar procesos de deportación por faltas administrativas, a menos que exista una orden judicial previa. La medida forma parte de una estrategia municipal para proteger a la comunidad inmigrante, que representa cerca del 30 % de la población de la ciudad.
El Departamento de Seguridad Nacional ha advertido que la falta de cooperación podría resultar en la reducción de fondos federales destinados a programas de seguridad pública y en la posible revocación de subvenciones. La administración de Houston ha respondido que la política no afecta la seguridad nacional, sino que busca priorizar recursos policiales.
Organizaciones de derechos humanos aplaudieron la iniciativa, mientras que grupos conservadores la calificaron de “obstrucción a la ley”. El debate se intensifica en el contexto de la creciente presión política sobre la inmigración en los Estados Unidos.
