Argentina presentó el 12 de octubre de 2026 una demanda ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) alegando que la United Kingdom está realizando exploraciones petrolíferas en aguas que el país sudamericano considera parte de su zona económica exclusiva. La petición incluye pruebas de licencias otorgadas por el gobierno británico a compañías internacionales para perforar cerca de la plataforma de petróleo de la Isla del Este.
El gobierno británico, por su parte, respondió el 13 de octubre solicitando a Interpol que rechace los pedidos de "red notice" que Argentina había presentado contra varios ejecutivos británicos vinculados a la exploración. En declaraciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido calificó la medida argentina como "políticamente motivada" y advirtió que cualquier interferencia judicial podría escalar la tensión diplomática.
Expertos en derecho marítimo señalan que el caso pone a prueba la efectividad del TIDM para resolver disputas de soberanía que involucran recursos naturales. Si el tribunal falla a favor de Argentina, el Reino Unido tendría que suspender sus actividades de perforación, lo que implicaría pérdidas económicas significativas para las compañías involucradas y para la propia tesorería británica.
Mientras tanto, la comunidad internacional observa con cautela. Estados Unidos y la Unión Europea han llamado a ambas partes a buscar una solución pacífica, pero también han recordado la importancia de la estabilidad en el Atlántico Sur para el tráfico marítimo y la seguridad energética global.
