En los últimos meses, la Oficina de Asilo de los Estados Unidos ha incrementado la frecuencia de audiencias migratorias en la corte federal de Miami, con el objetivo declarado de reducir la acumulación de expedientes y acelerar los procesos de deportación. Cada sesión reúne a cientos de solicitantes, quienes deben comparecer ante un juez y presentar sus argumentos en menos de 48 horas.
Los defensores de derechos humanos denuncian que este modelo vulnera el principio de debido proceso, pues los migrantes a menudo llegan sin la asistencia de un abogado y con escasa información sobre sus derechos. Organizaciones como la ACLU y Human Rights Watch han pedido al Departamento de Justicia que suspenda la práctica y garantice una revisión más exhaustiva de cada caso.
El gobierno federal justifica la medida como una respuesta a la creciente presión migratoria en la frontera sur y a la necesidad de evitar la sobrecarga del sistema judicial. Sin embargo, la práctica ha provocado protestas de la comunidad latina y de activistas que temen una ola de deportaciones masivas sin la debida evaluación de los riesgos de persecución en los países de origen.
A nivel internacional, la política migratoria de EE. UU. sigue siendo objeto de escrutinio, y la presión de organismos como la ONU y la OEA podría intensificarse si se constata que se están vulnerando derechos fundamentales de los solicitantes de asilo.
