El gobierno de Burundi anunció este viernes la firma de un acuerdo con Estados Unidos para recibir a migrantes deportados que, según la administración estadounidense, no pueden ser repatriados a sus países de origen y son considerados "terceros países".
Bajo el convenio, Burundi se compromete a acoger a un número indeterminado de personas, proporcionando alojamiento y asistencia básica mientras se evalúan sus solicitudes de asilo o reubicación. La medida forma parte de la estrategia de la administración Trump de trasladar la carga migratoria a naciones africanas dispuestas a aceptar a los deportados.
Organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado el acuerdo, argumentando que Burundi carece de la infraestructura adecuada para garantizar la protección y el bienestar de los recién llegados. Además, temen que la medida pueda convertirse en una forma de externalizar la responsabilidad migratoria de EE.UU.
El pacto también tiene implicaciones geopolíticas, pues refuerza la relación bilateral entre Washington y el presidente burundés, Evariste Ndayishimiye, quien busca diversificar las fuentes de ayuda internacional. Sin embargo, la comunidad regional observa con cautela el posible aumento de tensiones migratorias en el Gran Lago, donde ya existen flujos de desplazados internos.
En el contexto más amplio, la política de deportaciones a terceros países se inserta en una tendencia de los Estados Unidos a buscar acuerdos bilaterales para gestionar la migración irregular, lo que plantea preguntas sobre la responsabilidad compartida y el respeto a los derechos humanos.
