El pasado 6 de octubre de 2026 el Tribunal Constitucional de España dictaminó que la ley de amnistía aprobada en 2019 para los responsables del referéndum ilegal de 2017 también se extiende a los dirigentes independentistas que se encontraban en el exilio, entre ellos Carles Puigdemont. Con esta decisión, el juzgado anuló la orden de detención internacional que pesaba sobre Puigdemont desde su fuga a Bélgica en 2017.
Puigdemont, que había residido en el extranjero durante casi una década, tomó un vuelo desde Bruselas y aterrizó en el aeropuerto de Madrid, donde fue recibido por representantes de su partido y por varios periodistas. A su llegada, manifestó su intención de colaborar con las instituciones españolas para buscar una solución política al conflicto catalán, aunque reiteró su defensa del derecho a la autodeterminación.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha calificado la medida como un "paso importante" para la reconciliación nacional, pero ha advertido que cualquier intento de reactivar la agenda independentista deberá respetar la Constitución. Por su parte, los partidos independentistas ven en la anulación de la orden de detención una oportunidad para impulsar nuevas negociaciones y, potencialmente, un referéndum futuro.
Analistas políticos advierten que el regreso de Puigdemont podría reavivar tensiones en el Parlamento y en la sociedad española, especialmente en regiones donde la cuestión de la soberanía sigue siendo un tema polarizador. El caso también plantea interrogantes sobre la aplicación de la amnistía a otros líderes encarcelados y sobre la capacidad del Estado para equilibrar la justicia con la política de reconciliación.
