Los gobiernos de Grecia, Alemania, Austria, Dinamarca y los Países Bajos anunciaron conjuntamente la puesta en marcha de un centro de deportación en el norte de África, con objetivo de operar a partir de 2027. La instalación, que se ubicará en un país aún no especificado, tendría capacidad para albergar a hasta 5 000 personas y serviría como punto de tránsito para la devolución de migrantes que ingresen irregularmente a la UE.
Los defensores del proyecto argumentan que la medida aliviará la presión sobre los sistemas de asilo europeos y reducirá la mortalidad en travesías peligrosas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que la externalización de la política migratoria podría vulnerar la Convención de Refugiados y el principio de no devolución (non‑refoulement).
El Parlamento Europeo ha solicitado una evaluación de impacto de derechos humanos antes de aprobar el financiamiento, mientras que varios estados africanos expresan reservas sobre la soberanía y la posible estigmatización de sus territorios como “zonas de deportación”.
El debate se inserta en un contexto de creciente presión migratoria hacia Europa, impulsada por conflictos en Oriente Medio y África subsahariana, y la necesidad de los gobiernos europeos de encontrar soluciones que equilibren seguridad y obligaciones humanitarias.
