El Congreso brasileño aprobó, en una sesión plenaria celebrada el 15 de octubre de 2026, la reforma que establece una semana laboral de cuatro días, reduciendo la jornada estándar de 44 a 40 horas sin disminución salarial. La iniciativa, promovida por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, forma parte de su agenda de políticas sociales destinadas a consolidar su base electoral antes de la segunda vuelta presidencial prevista para 2027.
Los defensores de la medida argumentan que la reducción de horas de trabajo puede elevar la productividad, disminuir el ausentismo y mejorar la salud mental de los empleados. Estudios de países que ya implementaron semanas laborales más cortas respaldan estas afirmaciones, mostrando aumentos en la eficiencia y la satisfacción laboral.
Sin embargo, el sector empresarial mostró reservas, señalando que la adaptación podría generar costos adicionales y requerir una reestructuración de los procesos internos. El Ministerio de Trabajo anunció la creación de un programa de acompañamiento para pequeñas y medianas empresas, con subsidios y asesoría técnica durante la fase de transición.
El proyecto también tiene un fuerte componente político: al presentar una política popular que beneficia a la clase trabajadora, el gobierno de Lula busca reforzar su imagen de defensor de los derechos laborales y contrarrestar la creciente polarización política que se vive en el país.
La reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2027, y el Ministerio de Trabajo supervisará su implementación, con la posibilidad de ajustes según los resultados de los primeros años de aplicación.
