El Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega, conocido como el mayor fondo soberano del mundo, ha sido objeto de una campaña para que elimine la restricción que prohíbe inversiones en empresas relacionadas con armas nucleares. La petición se originó tras la revelación de que el fondo había adquirido participaciones en compañías que suministran materiales de construcción para la reconstrucción de Gaza, tras los últimos conflictos en la región.
Los críticos argumentan que la medida vulnera los principios de la política de exclusión del fondo, que desde 2019 prohíbe cualquier inversión en el sector nuclear militar. Por su parte, los defensores de la flexibilización sostienen que la reconstrucción de Gaza es una necesidad humanitaria y que la exclusión total limita oportunidades de inversión responsable en sectores críticos.
El gobierno noruego ha respondido que revisará el caso y que cualquier cambio en la política requerirá una evaluación de riesgos éticos y de seguridad. Mientras tanto, organizaciones internacionales de desarme y grupos de la sociedad civil han lanzado una campaña de presión, advirtiendo que una relajación podría sentar un precedente peligroso para otros fondos soberanos.
El debate se inserta en un contexto más amplio de tensiones geopolíticas sobre la proliferación nuclear y la financiación de la reconstrucción en zonas de conflicto, donde la línea entre ayuda humanitaria y apoyo a la industria militar a menudo se vuelve difusa.
