El presidente de Costa Rica, Laura Fernández, inauguró el 28 de octubre de 2026 la mega‑prisión ubicada en las afueras de San José, una instalación de $35 millones diseñada para albergar hasta 5 100 internos. El proyecto, anunciado hace tres años, responde a la creciente presión sobre el sistema penitenciario nacional, que ha registrado una ocupación superior al 120 % de su capacidad.
Durante la ceremonia, Fernández destacó que la nueva cárcel incorpora tecnologías de vigilancia de última generación, áreas de rehabilitación y programas de educación y trabajo para los internos. Según el Ministerio de Seguridad, la infraestructura permitirá una mejor gestión de los reclusos y reducirá la violencia dentro de los centros existentes.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y grupos de la sociedad civil expresaron su preocupación por el modelo de reclusión masiva, advirtiendo que la construcción de una prisión de gran escala no aborda las causas estructurales del delito. Señalaron la necesidad de invertir en prevención, educación y reintegración social como alternativas más efectivas a largo plazo.
El debate sobre la mega‑prisión se inserta en un contexto regional donde varios países latinoamericanos están revisando sus políticas penitenciarias. Mientras algunos gobiernos optan por ampliar la capacidad carcelaria, otros experimentan con reformas orientadas a la reducción de la población carcelaria mediante penas alternativas.
