Un grupo de expertos de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos emitió un comunicado el 28 de octubre de 2026 alertando sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía francesa durante las protestas estudiantiles que se extienden en varias ciudades del país.
Los manifestantes, en su mayoría universitarios, reclaman reformas en la política educativa y la eliminación de medidas de seguridad que consideran restrictivas. Según el informe, al menos 12 personas resultaron heridas y se registraron detenciones masivas, lo que constituye una violación de los derechos de reunión y expresión.
El gobierno de Emmanuel Macron respondió que las fuerzas del orden actuaron para garantizar la seguridad pública y evitar actos de violencia. Sin embargo, la ONU insta a una investigación independiente y a la adopción de protocolos que respeten los estándares internacionales de derechos humanos.
La polémica ha reavivado el debate interno sobre la relación entre el Estado y la ciudadanía, y podría influir en la agenda política de cara a las próximas elecciones locales, donde la gestión de la seguridad será un tema central.
