El presidente Laura Fernández anunció la puesta en funcionamiento de la mega‑prisión ubicada en la provincia de Guanacaste, la mayor instalación carcelaria de la historia de Costa Rica. Con una infraestructura que incluye muros de hormigón reforzado, sistemas de vigilancia electrónica y áreas de trabajo interno, el recinto está diseñado para albergar a los criminales más peligrosos bajo un régimen de “cero tolerancia”.
El modelo se inspira directamente en la política de seguridad impulsada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ha reducido significativamente los índices de homicidios mediante la construcción de centros penitenciarios de alta seguridad y la aplicación de penas más severas. Fernández argumentó que la experiencia salvadoreña demuestra la necesidad de “endurecer” la respuesta estatal ante el narcotráfico y la violencia de pandillas.
Organizaciones internacionales y locales de derechos humanos han denunciado la medida, advirtiendo que el aumento de la población carcelaria sin una reforma integral del sistema judicial puede agravar la sobrepoblación y los abusos dentro de los centros penitenciarios. Asimismo, señalan la falta de programas de reinserción como un riesgo de reincidencia.
El proyecto, financiado en parte por fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, ha generado un intenso debate político en el Congreso, donde la oposición exige garantías de respeto a los derechos humanos y la implementación de mecanismos de supervisión independiente.
