Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, declaró en una rueda de prensa que se celebrarán elecciones generales, aunque no precisó la fecha exacta del comicio. La anunciación se realizó en Caracas, frente a medios nacionales e internacionales, y estuvo acompañada de la defensa de su gestión y la promesa de una "reconfiguración" del proceso electoral.
En su intervención, Rodríguez subrayó la necesidad de restaurar la legitimidad institucional y anunció la reforma del Consejo Nacional Electoral, que según el gobierno buscará garantizar la transparencia y la participación ciudadana. Sin embargo, la falta de un calendario concreto ha sido interpretada como una maniobra para ganar tiempo político y consolidar el control del aparato estatal.
La oposición venezolana, liderada por figuras como María Corina Machado, calificó el anuncio de "una nueva jugada" y exigió la fijación inmediata de una fecha electoral, advirtiendo que la ausencia de plazos claros podría profundizar la crisis de legitimidad. La comunidad internacional, incluida la Unión Europea y Estados Unidos, ha reiterado su postura de observar cualquier proceso electoral con criterios de libre y justa competencia.
El anuncio de Rodríguez tiene implicaciones directas sobre la estabilidad política y económica del país. Un proceso electoral percibido como legítimo podría aliviar algunas sanciones internacionales y abrir la puerta a negociaciones de deuda, mientras que la incertidumbre prolongada mantiene la presión sobre la inflación y la escasez de bienes básicos, factores que siguen alimentando la migración masiva de venezolanos hacia la región.
