El 22 de septiembre de 2026, la provincia de Columbia Británica (BC) presentó una demanda contra OpenAI y su CEO Sam Altman, alegando que la empresa pudo haber prevenido el tiroteo masivo en la escuela de Tumbler Ridge al no alertar a las autoridades sobre el comportamiento del atacante. La demanda sostiene que la falta de cooperación con la policía violó la responsabilidad de la compañía de mitigar riesgos.
En paralelo, en Turquía, un tiroteo cerca de una escuela secundaria dejó 11 personas heridas. El ataque se produjo pocos meses después de dos incidentes escolares previos, lo que ha intensificado el debate nacional sobre la regulación de armas y la necesidad de protocolos de seguridad más estrictos en instituciones educativas.
Ambos casos ponen de relieve la creciente preocupación por la seguridad en entornos escolares y la responsabilidad de las plataformas tecnológicas en la detección de amenazas. Expertos en seguridad y derechos humanos exigen una mayor colaboración entre gobiernos, empresas de tecnología y autoridades educativas.
Las autoridades canadienses y turcas han anunciado investigaciones exhaustivas y la posible implementación de nuevas medidas preventivas, mientras que organizaciones de derechos civiles siguen vigilando la evolución de los procesos judiciales contra OpenAI y la respuesta del Estado turco ante la violencia escolar.
