Human Rights Watch (HRW) informó que, según datos del propio gobierno de EE.UU., más de 500 personas fueron deportadas a naciones africanas durante los últimos meses, en un proceso que la organización califica de "ilegal y explotador". Las expulsiones se realizaron sin ofrecer la protección adecuada a solicitantes de asilo, violando la Convención de Refugiados de 1951 y los principios de no devolución (non‑refoulement).<br><br>Los países receptores, entre los que se incluyen Kenya, Etiopía y Ghana, han expresado su preocupación por la llegada de personas en situación de vulnerabilidad sin los recursos necesarios para su acogida. Las autoridades locales temen que la medida pueda agravar tensiones sociales y sobrecargar sistemas de asistencia ya frágiles.<br><br>Ante estas denuncias, grupos de la sociedad civil en EE.UU. exigen una revisión de la política migratoria y la apertura de investigaciones judiciales para determinar la responsabilidad de funcionarios federales. Mientras tanto, la administración ha defendido la medida como parte de un esfuerzo por reducir la presión migratoria en la frontera sur.<br><br>El caso se inserta en un debate más amplio sobre la gestión de la migración irregular, la cooperación bilateral con países africanos y el respeto a los derechos humanos en la política exterior estadounidense.

