Datos oficiales publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) revelan que, durante el último trimestre, Estados Unidos ha deportado a más de 45 000 migrantes y solicitantes de asilo a países terceros, entre ellos naciones de Centroamérica y el Caribe que no forman parte del programa de reasentamiento tradicional.
Organizaciones de derechos humanos y la ONU han denunciado la medida, argumentando que muchos de los destinos carecen de garantías de protección y que la práctica vulnera el principio de no devolución. En respuesta, la administración Trump ha defendido la política como una solución necesaria para reducir la presión sobre los centros de detención internos y frenar la migración irregular.
Los gobiernos de los países receptores, por su parte, han expresado su preocupación por la llegada masiva de personas sin los recursos adecuados para su integración, solicitando asistencia internacional y acuerdos bilaterales que regulen el proceso.
El aumento de las deportaciones ha reavivado el debate interno en EE.UU. sobre la reforma migratoria, con legisladores demócratas proponiendo leyes que limiten la expulsión a terceros países y refuercen los mecanismos de asilo. Mientras tanto, la presión de grupos de la sociedad civil continúa creciendo, exigiendo una revisión de la política migratoria.
