El pasado 30 de septiembre de 2026 el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presidió una cumbre sobre inteligencia artificial en la Casa Blanca, a la que asistieron altos funcionarios y representantes de la industria tecnológica. Durante el evento, Trump firmó una orden ejecutiva que obliga a todas las agencias federales a referirse a la IA como "Super Intelligence" o "Super Intell" en sus documentos oficiales y comunicaciones.
La decisión pretende crear una visión unificada del potencial de la IA y reforzar la percepción de que Estados Unidos lidera la próxima generación de tecnologías cognitivas. Sin embargo, críticos de la medida advierten que el uso de un término tan cargado podría alimentar una narrativa de carrera armamentista tecnológica, incentivando a otros países a acelerar sus propios programas de IA sin la debida supervisión ética.
Expertos en política tecnológica señalan que la orden ejecutiva no incluye directrices concretas sobre regulación, inversión o seguridad, lo que deja a la comunidad científica y a los reguladores en una zona gris. Además, la medida podría complicar la cooperación internacional en foros como la OCDE o la ONU, donde la terminología estándar es esencial para la elaboración de normas comunes.
En el plano interno, la orden ha generado debates en el Congreso y entre grupos de defensa de derechos digitales, que temen que la retórica de "Super Intelligence" sirva para justificar una mayor vigilancia y control estatal sobre los algoritmos. La administración Trump ha defendido la medida como una forma de proteger la competitividad nacional frente a China y Rusia.