El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció que, a partir del 1 de noviembre, los migrantes provenientes de Ucrania y Sudán seguirán bajo el Programa de Protección Temporal (TPS) por un periodo adicional de 12 meses. La medida evita la deportación de aproximadamente 45.000 residentes que habían recibido el estatus bajo la designación anterior, la cual estaba programada para expirar el 30 de octubre.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la extensión citando la persistente inestabilidad en ambas regiones: la invasión rusa en curso en Ucrania y la crisis humanitaria en Sudán, donde los conflictos armados continúan desplazando a la población. La administración Biden subrayó que la protección temporal es una herramienta humanitaria que permite a los beneficiarios trabajar y vivir legalmente en los Estados Unidos mientras sus países de origen siguen en guerra o en crisis.
Sin embargo, la decisión ha generado críticas de algunos legisladores republicanos que acusan al gobierno de fomentar la inmigración irregular. En el Congreso, varios senadores han presentado proyectos de ley para revisar o limitar el TPS, mientras que grupos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil elogian la medida como una respuesta necesaria a la vulnerabilidad de los migrantes.
A nivel internacional, Ucrania agradeció la extensión, considerándola un gesto de solidaridad, mientras que el gobierno sudanés, en medio de una transición política, también expresó su apoyo. La medida mantiene la estabilidad de comunidades que ya se han integrado en la vida económica y social de los Estados Unidos, evitando una posible ola de deportaciones que podría desestabilizar barrios enteros.
