El 1 de octubre de 2026, Al Jazeera informó que el Senado de EE. UU. está discutiendo el proyecto de ley E1, una propuesta que contempla sanciones económicas contra empresas y entidades vinculadas a los asentamientos israelíes considerados ilegales bajo el derecho internacional.
El proyecto, impulsado mayoritariamente por legisladores demócratas, pretende cerrar la brecha entre la retórica de la Cámara y la acción legislativa, imponiendo restricciones a la exportación de tecnología y a la inversión en zonas como Cisjordania y Jerusalén Este.
Los republicanos han calificado la medida como una interferencia indebida en la política exterior de EE. UU., mientras que grupos de derechos humanos la aplauden como un paso necesario para frenar la expansión de los asentamientos. El presidente de los Estados Unidos, aún sin pronunciarse, ha señalado que cualquier sanción requerirá una evaluación cuidadosa de sus repercusiones estratégicas.
Expertos en política del Oriente Medio advierten que la sanción podría provocar una respuesta diplomática de Israel, potencialmente afectando la cooperación en seguridad y la negociación de un futuro acuerdo de paz, además de influir en la percepción de EE. UU. en la región árabe.
