El pasado 7 de octubre, los tribunales de San Salvador iniciaron una serie de audiencias en las que cientos de personas fueron presentadas en un mismo estrado, bajo la premisa de acelerar la justicia contra los miembros de las pandillas que, según el gobierno, fueron responsables de una ola de violencia que cobró miles de vidas. Cada caso se tramita sin la posibilidad de que los defensores revisen los expedientes con antelación, lo que ha generado una situación de desigualdad procesal que organizaciones como Human Rights Watch califican de "inaceptable".
Los abogados de la defensa han denunciado que, en varios casos, los archivos judiciales fueron entregados en formato digital incompleto o con retrasos de varios días, impidiendo la preparación adecuada de la defensa. Ante esta situación, varios colegios de abogados han convocado protestas y han solicitado al Ministerio de Justicia que garantice el acceso pleno a la documentación, bajo apercibimiento de sanciones internacionales.
El gobierno de Nayib Bukele ha defendido la medida como una respuesta necesaria a la crisis de seguridad que azotó al país entre 2019 y 2022, cuando los homicidios alcanzaron niveles históricos. Según cifras oficiales, la política de mano dura habría reducido la tasa de homicidios en un 60 % en los últimos tres años, aunque críticos argumentan que la reducción se debe en parte a la masificación de detenciones y a la falta de procesos judiciales transparentes.
La comunidad internacional observa con cautela el desarrollo de estos juicios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado a El Salvador que informe sobre las garantías procesales otorgadas a los acusados, mientras que la Unión Europea ha advertido que la falta de cumplimiento de estándares internacionales podría repercutir en futuros acuerdos de cooperación.
