El 30 de septiembre de 2026 el Senado de los Estados Unidos votó contra el proyecto de ley que buscaba imponer un impuesto a los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial. La propuesta, impulsada por legisladores demócratas, pretendía crear un gravamen sobre la electricidad consumida por estas instalaciones, que según estimaciones superan los 100 teravatios hora anuales. Los senadores republicanos argumentaron que la medida carecía de mecanismos de aplicación efectivos y que podría desalentar la inversión tecnológica en el país. Tras la derrota, los defensores del proyecto anunciaron que buscarán alternativas legislativas más contundentes, como requisitos obligatorios de eficiencia energética y subsidios para fuentes renovables. Mientras tanto, la industria de la IA continúa expandiéndose, con grandes corporaciones anunciando la construcción de nuevos centros de datos en regiones con energía más barata, lo que reaviva la preocupación por la huella ambiental del sector.
El debate se enmarca en una creciente presión internacional para que los gobiernos regulen el consumo energético de la IA, tras informes que señalan que el entrenamiento de modelos avanzados puede generar emisiones comparables a las de países enteros. En Estados Unidos, la falta de una política clara ha generado tensiones entre legisladores, empresas tecnológicas y grupos ecologistas. La derrota del proyecto de ley no elimina la necesidad de abordar el problema, pero sí retrasa la implementación de una solución fiscal directa.
Los críticos del proyecto también señalaron que la legislación no contemplaba medidas de apoyo a la transición hacia fuentes de energía renovable, lo que limitaba su efectividad. En respuesta, algunos senadores han propuesto un paquete de incentivos para la adopción de energía verde en los centros de datos, aunque aún no se ha presentado formalmente. El futuro de la regulación energética de la IA en EE. UU. permanece incierto, pero el tema seguirá siendo central en la agenda legislativa.
